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Nueva gestión de Lagna: la urgencia de mostrar a la policía en la calle


Marcelo Sain dejó su cargo y vuelve al Organismo de Seguridad del Ministerio Público de la Acusación. Se abre un nuevo capítulo contra el senador Armando Traferri.


Marcelo Sain dejó el cargo de ministro de Seguridad el jueves 11 de marzo pasado. Pero una semana después se oficializó su alejamiento. Durante esos siete días debió convencer al gobernador Omar Perotti que, tras su dimisión, no debía desarmar la estructura que el autor “Leviatán Azul” había armado a partir de diciembre de 2019, con Germán Montenegro, secretario de Seguridad, a la cabeza. El plan de Sain incluía a Jorge Lagna, secretario de Gestión Institucional, con quien tiene buen trato y cintura política, para que se transformara en su sucesor.

Era muy difícil volver de la frase “negros pueblerinos” que sólo duermen la siesta. Pero una cosa es lo que dice el bonaerense por Twitter y otra lo que hace. A Perotti lo sedujo lo segundo para designarlo ministro de Seguridad, y aún cree en ese desafío, aunque Sain se lleve a las patadas con la mayoría de los miembros del gabinete, y no haya obtenido hasta ahora buenos resultados en materia de seguridad preventiva, la principal preocupación de la mayoría de los santafesinos.

Lagna tendrá la misión de bajar el perfil de confrontación permanente en el que había caído Sain. El exdiputado provincial de Venado Tuerto deberá pisar la pelota y lograr mayor visibilidad de la policía en la calle de las principales ciudades, algo que hasta ahora no ocurrió.

En las próximas semanas llegarán a Santa Fe unas 300 camionetas y un lote importante de motos, y esperan que se llame a licitación para adquirir los insumos tecnológicos del paquete de 3000 millones de pesos que envió el gobierno nacional en diciembre pasado. Ese expediente ya tendría el aval técnico del Ministerio de Economía para que se lleve adelante el llamado a licitación. Ese paquete será clave para terminar de armar los llamados COP, centros de análisis que se montarán primero en Rosario y Santa Fe para monitorear e intervenir con los mapas predictivos del delito.

Los COP realizarán un “mapeo delictivo” para conocer la actividad criminal en un determinado barrio o zona para tener una respuesta rápida y focalizada con acciones en el terreno. Para hacer este análisis confluirá allí la información que se genere todas las áreas de las unidades regionales, de los centros territoriales de denuncias y de los municipios. El despliegue en el terreno correrá por parte de la Agrupación Cuerpos de cada Unidad Regional y de las policías de Acción Táctica, Comunitaria y de Seguridad Vial.

Más policías en las calles

Otro punto con el que buscarán atacar el problema del déficit en la seguridad preventiva será una reestructuración interna dentro de la policía que dotará a Rosario y Santa Fe de más policías en las calles. Toda esta paleta de herramientas se configuran a mediano plazo. El dilema será cómo atacar la urgencia con una policía “corta”, según la mirada desde la cartera de Lagna, integrada por 21.000 efectivos pero que en “acción” hay un tercio.

Por eso, Perotti le pidió hace dos semanas a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, que envíe un refuerzo de efectivos federales a Rosario para que patrullen la zona céntrica. Esa misión la cumplen 150 agentes de la Policía Federal y 150 prefectos que antes estaban destinados a Puerto Madero y a la villa 21-24.

El temor a un nuevo Rosario Sangra, las multitudinarias manifestaciones que reunieron más de 50.000 personas en 2016, se transformaron en otro elemento de presión política, cuando la oposición empezó a lanzar duras críticas contra la gestión de Perotti. El alejamiento de Sain y la llegada de Lagna buscan generar un poco de oxígeno y ganar tiempo.

El próximo martes se agendó en el Centro de Justicia Penal de Rosario una audiencia en la que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery plantearán sus argumentos para pedir la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal que regula la protección de los fueros de los legisladores santafesinos. El que se escudó en lo que plantea ese artículo fue el senador Armando Traferri, cuando sus pares de la Cámara alta rechazaron en diciembre pasado las pruebas que presentaron los dos representantes del MPA.

Aunque en esta etapa la Justicia considere que es inconstitucional lo que establece el Código Procesal Penal el expediente escalará hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero el tema seguirá molestando a Traferri, que aunque intente todo el tiempo tratar de alejarse sigue involucrado en la causa de juego clandestino, que tiene al empresario Leonardo Peiti como principal imputado luego de presentarse como arrepentido y admitir que pagaba sobornos a los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad.

El rol de la vicegobernadora

En esa audiencia que se realizará el martes próximo se discutirá la legalidad de otra maniobra de Traferri que lleva la firma de la vicegobernadora Alejandra Rodenas. El último jueves de febrero, la exjueza firmó un pedido de archivo de la causa en la que está acusado Traferri, una resolución que fue redactada por el propio senador.

La vicegobernadora se atajó al señalar que se trató de “simplemente de un acto administrativo” porque aunque ella no vota debe ejecutar lo que el Senado decide.

Como presidenta del Senado, Rodenas rubricó una nota de una carilla cursada a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rosario, que contiene la resolución impulsada por el senador Traferri. En su artículo 2, el texto dispone “hacer saber” al juez Carlos Rubén Leiva que “de acuerdo al resultado de la votación en sesión fecha 17/12/2020 no puede avanzarse en el proceso judicial instaurado contra el senador Armando Traferri”. La nota se refiere a la sesión de diciembre en la que el Senado rechazó despojar de sus fueros parlamentarios a Traferri, algo que dos fiscales de la provincia pedían a fin de imputarlo en una audiencia como organizador de una asociación ilicíta dedicada al juego clandestino.

El supuesto regreso de Sain al Organismo de Investigaciones del MPA es un problema serio para Traferri, quien dijo públicamente que la causa de juego clandestino fue impulsada y ejecutada por el exministro.

El día en que Sain se alejó del Ministerio de Seguridad la Unidad de Criminalidad Organizada del MPA, conducida por Edery y Schiappa Pietra E ordenaron una decena de allanamientos, entre los que incluyó a policías cercanos a Traferri, como al exjefe de la Unidad Regional XVII Gonzalo “Chino” Paz, al ex jefe de Investigaciones Ernesto “Perro” Andreozzi y a Sergio Di Franco, que fue imputado del homicidio de Juan Cruz Vitali


Fuente: https://www.airedesantafe.com.ar/


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